Por Claudio Lozano
Presta, rápida y sin concesiones, la Justicia avanza en la rigurosa investigación de los planes sociales para evitar el fraude al Estado.
La misma Justicia que se desentiende de las causas presentadas respecto al endeudamiento macrista de 100.000 millones de dólares y la fuga simultánea de 86.000 millones dólares, que paraliza las investigaciones manteniendo el secreto fiscal, bursátil y financiero con el objeto de encubrir el vínculo entre quienes nos endeudaron y quienes sacaron la plata del país, ahora se planta y dice que quiere evitar el fraude al Estado.
Parece el mundo del revés. Pasa por encima el hecho de que mientras la carga de deuda que el macrismo nos impuso sobreendeudando al Estado representa el 20% del PBI argentino, los planes sociales que tanto le preocupan (todos) representan apenas el 0,9% del PBI y las supuestas irregularidades que los informes de la AFIP señalan, no llegan a representar el 20% de los Potenciar Trabajo y los efectivamente identificados como irregulares por el Ministerio de Desarrollo Social son solo el 0.3% de los mismos.
Asombran las preocupaciones de la Justicia cuando la carga de la deuda representa la principal partida del gasto público y supera en un 113% lo que el mismo Estado invierte en Promoción y Asistencia Social. Y asombra también que la AFIP emita dos informes respecto a las irregularidades en los planes en lugar de enfocarse en los ricos y multimillonarios de la Argentina y su enorme capacidad para burlar al fisco ocultando sus patrimonios y sus fastuosas rentas.
En una Argentina con 18 millones de pobres y 4 millones y medio de hambrientos, con las jubilaciones cayendo un 13,5% en el año y el salario mínimo perdiendo contra la inflación y sin cubrir siquiera el valor de una canasta alimentaria y donde en paralelo los dueños de la soja son beneficiados con un subsidio (en base a emisión) de 224.000 millones de pesos, la decisión de investigar los planes da vergüenza ajena.
Si la característica básica y elemental de un Gobierno Popular es la de promover una intervención del Estado en favor de mayor igualdad, lo que hoy está ocurriendo aleja a la presente gestión de cualquier calificativo en esa dirección. Si además esta decisión se asocia también con el intento de desenganchar el aumento de los planes del salario mínimo en un claro gesto de profundizar el ajuste fiscal, estos planteos a esta altura del año ya casi parecen una provocación.
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