Por el Equipo de Justicia y DD HH de la Multisectorial Federal de la República Argentina para Argentina en Red
La reactivación de la SIDE, una entidad con un pasado oscuro y cuestionado por sus prácticas ilegales, ha generado temores en la población sobre un posible retorno de la inteligencia política y el espionaje ilegal en el país. Hoy también plantea interrogantes sobre la eficacia y la transparencia de la política de inteligencia en Argentina. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esta decisión?
De su normativa publicada el 16 de julio en el Boletín Oficial, surge claramente que no se trata de un intento de depurar la inteligencia del Estado, o de simplemente de un cambio de nombre sin verdaderos cambios en su funcionamiento, sino que con la nueva SIDE se garantiza que se vuelva a incurrir en prácticas ilegales y violatorias de los derechos humanos.
La Nueva SIDE
Javier Milei ordenó mediante el DNU 616/2024 la SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) y dentro de ella, la creación de cuatro áreas: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de asuntos internos.
El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones “la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país”, y estará a cargo del Director Lic. Alejandro Walter Colombo.
La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) “se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de
organizaciones criminales y terroristas” y su director será el Comisario General (ret.) Alejandro Pablo Cecati.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), tendrá como misión evaluar, planificar y desarrollar soluciones “para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad”, a cargo del Dr. Ariel Waissbein.
Por último, la División de Asuntos Internos (DAI) estará encargada de supervisar y auditar el “manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE”. Además, se incorpora a la nueva SIDE, el menemista Juan Bautista “Tata” Yofre, secretario de Inteligencia del Estado entre 1989-1990, quien fue convocado para que se haga cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia, a quien se recuerda por el spot oficialista del último 24 de marzo, en el que reivindicó el terrorismo de Estado bajo la “teoría de los dos demonios”, y se expresó en contra las políticas de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En el pasado mes de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la impunidad que rodeó al ataque a la AMIA en una denuncia que impulsó Memoria Activa. El tribunal regional fue lapidario sobre el rol de la SIDE. La CIDH expresó que: “En el presente caso quedó establecido que uno de los principales obstáculos para la debida investigación del atentado y del encubrimiento fue la manipulación de información producto de actividades de inteligencia”.
Un poco de historia:
La SIDE, como tal, dejó de funcionar en 2001, cuando se aprobó la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Esa normativa es parte del consenso democrático que incluyó la ley de Defensa Nacional, promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y la Ley de Seguridad Interior, aprobada durante la administración de Carlos Menem. Desde 2001 a 2015, existió la Secretaría de Inteligencia (SI). Ese año, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una nueva reforma, que dio origen a la AFI.
En conclusión:
La sociedad argentina no puede permitirse un retroceso en materia de inteligencia y seguridad, y es fundamental que se establezcan mecanismos de control y supervisión para evitar abusos y arbitrariedades en esta materia. El cierre del gobierno a la AFI y la reactivación de la SIDE generan serias preocupaciones sobre el futuro de la política de inteligencia en el país pero, sobre todo, para la democracia Argentina y la garantía de las libertades ciudadanas.
Es fundamental que el pueblo se exprese contra este accionar antidemocrático del gobierno y que la justicia garantice que la nueva entidad cumplirá con los estándares de transparencia y respeto a los derechos humanos.
La sociedad argentina no puede permitir un regreso a prácticas ilegales y autoritarias en materia de inteligencia.
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