La Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, quien tiene la causa iniciada por enriquecimiento ilícito contra el Senador Edgardo Kueider, reveló que hubo 7,5 millones de dólares:
“Hay un estado de corrupción estructural, en el que están involucrados muchos organismos estatales de la Nación. Hubo detenciones y procesamientos en ENERSA, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Registro Provincial de Armas y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, mientras que queda por ‘individualizar’ a responsables en AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), RENAPER, SENASA, Aeropuertos Argentina 2000 (Eurnekian), la Terminal de Cargas, la Contaduría General del Ejército, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Tucumán ”, señaló la jueza en la pantalla de LN+.
Mientras Kueider sigue junto a su secretaria, con arresto domiciliario en un edificio de lujo, Arroyo Salgado explicó que funcionarios de la empresa Securitas adjudicaban las licitaciones a los organismos del Estado con los cuales arreglaban un soborno, a cambio de aprobarlas y mantener los contratos. “Usaban sociedades fantasmas y, a través de facturación apócrifa, realizaban el giro de dinero, que iba en particular de ambas partes”, subrayó.
“La corrupción mata de diversas formas y no se tiene conciencia de la centralidad que tiene en todos los delitos de crimen organizado, ya sea narcotráfico, trata con multas de explotación sexual, pornografía infantil o terrorismo. Alcanza a los 3 poderes del Estado y en distintos estamentos. Hemos tenido jueces federales destituidos y otros a los que les permitieron jubilarse, sin haber sido investigados. El problema es que las instituciones que tienen que controlar no funcionan; por eso hablo de una corrupción estructural”, cerró.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denunció públicamente que el macrismo incentivó su apartamiento en una causa por narcotráfico que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas y estupefacientes.
La ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman vinculó directamente por las maniobras al actual jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, cuando era ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, dijo Arroyo Salgado al canal LN+.
La jueza aseguró que los que pidieron apartarla “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos”, que defendían a los policías acusados. “Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó en referencia a Marcelo D’Angelo, ex asesor en Seguridad del ex ministro Cristian Ritondo entre 2015 y 2019. “La Justicia está muy politizada”, alertó Sandra Arroyo Salgado.
¿Qué pasó con la causa de los narcopolicías?
La magistrada comentó que en esa causa el principal imputado fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.
Las acusaciones fueron por armado de causas entre 2013 y 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta finalmente en 2016. Entre otras imputaciones se les endilgó pedidos de coimas a narcos y quedarse con droga de algunos operativos.
D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
Según relató P12, Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
¿Por qué Arroyo Salgado apunta a Ritondo?
La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la Causa pero los abogados “con aceitados contactos políticos” elevaron su pedido a Casación, donde se “declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”, cuestionó la magistrada.
“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un lobby de la política, que a mí no me consta”, aclaró la jueza. “Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, subrayó.
Pero además, Arroyo Salgado recordó otra causa en la que también fue cuestionada por un hombre del diputado de Cambiemos. “A los seis meses (de haber sido desplazada de la causa anterior), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años (…) también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”.
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y lo fue del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de club era Daniel Angelici.
Marcelo Hugo Rochetti y Marcelo D’Angelo, los dos abogados que la apartaron, fueron defensores de policías en causas penales. Según P12, uno de ellos el cabo primero Francisco Javier Pinto, uno de los Albatros acusados por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
De Cazador de Noticias.com
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