Consensos de Gestión -Equipo de Justicia y DD.HH

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Producto de las exposiciones y debates de la Universidad de Invierno y los Talleres realizados por la Multisectorial Federal de la República Argentina, se detallan a continuación los puntos de Consenso para el área de Justicia y DD.HH.  surgido del debate de las militancias como aporte a la producción programática colaborativa para el abordaje de las políticas públicas a futuro en nuestro país.

Enlace al vídeo del Encuentro en la Universidad de Invierno, en la CTA A (03 de Julio de 2024) con los panelistas: Eduardo Barcesat, Carlos Vilas y Jorge Cholvis, y el Taller de Diálogo, al final del artículo.

Introducción


Las Políticas Públicas de Justicia y Derechos Humanos se estructurarán bajo los principios fundamentales de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, con un enfoque basado en la defensa de los derechos y garantías constitucionales como herramientas para garantizar una justicia plena, participativa y real.


El modelo actual de democracia y sistema de justicia enfrenta serias limitaciones, donde el poder real está en manos de corporaciones nacionales y transnacionales y una democracia de baja intensidad que aleja a la ciudadanía del verdadero ejercicio del poder, generando exclusión y falta de acceso a los derechos. Asimismo, no podemos soslayar la brutal represión a quien intenta reclamar por la vulneración de sus derechos. Un protocolo anti derechos, que fue redactado por el Ministerio de Seguridad pretende erigirse por sobre la Constitución Nacional, los Tratados Suscriptos por la Nación, el Código Penal, el Código de Procedimientos en dicha materia, desconociendo la pirámide de jerarquía de los sistemas jurídicos. Con dicho decreto se pretende modificar las Constitución Nacional y la Legislación de Fondo en Materia Penal, lo cual está vedado al Poder Ejecutivo.

Está claro que nos quieren pobres, sin derechos, sin reclamar, mansos y tranquilos, mientras vemos cómo se transfieren los recursos de los sectores populares a los sectores de poder reconcentrados.

Es urgente revisar estas estructuras a la luz de una nueva Constitución Participativa que responda a las demandas sociales y a los principios de Igualdad y Justicia.

“Si él es superior en fuerzas, evítalo. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Atácale cuando no esté preparado; aparece cuando no seas esperado”. Sun Tzu (544-496. a.C.).

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cada año emite una especie de mapa de los países y los tratados internacionales y en él, el casillero de Argentina es uno de los más completos en cuanto a grado de incorporación de esos Tratados Internacionales de Derechos Humanos a la Constitución Nacional, sin embargo ello no significa ni remotamente que el hecho de incorporarlos comporte su vigencia efectiva.


Los Derechos Civiles y Políticos así como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ahora también Ambientales, requieren que el Estado tome una actitud de compromiso frente a estos derechos. Éstos comportan una obligación de resultado, dicho de la forma más sencilla, si está en la norma jurídica, tiene que estar en la realidad de la vida material y cotidiana de todos las y los ciudadanos. Si se afirma acceso a la vivienda, a la salud, al alimento, al agua potable, a un ambiente sano, significa que el Estado Local, Provincial o Nacional e incluso el Estado Internacional como en el caso de la pandemia, ese Estado debe tutelar y asegurar la vigencia efectiva de estos derechos. El autor intelectual del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Adolph Reiden, dijo:

“La incorporación de un tratado de derechos económicos, sociales y culturales implica para el Estado adoptar medidas de acción para garantizar que esos derechos sean efectivos, porque derecho, dice: es aquello que puede ser genéricamente realizado”. Y agrega: “derecho es aquello que puede ser exigido”.


“Acceso” significa que “aquello que está en la norma debe ser cumplido”. Si se tiene el derecho no hay necesidad de reclamarlo, pero si el derecho está en la norma pero no se lo tiene en la práctica, se reclama y se exige. Si hay gente que no accede al alimento adecuado, que no accede al agua potable, que no accede a los servicios de salud y a la provisión de medicamentos
es el Estado quien se los tiene que acercar. Esto es lo que significa “Derechos Humanos”: esto es Política de Derechos Humanos; la norma meramente escrita sólo es un catálogo, por eso la necesidad que todas las normas constitucionales sean operativas.


 Participantes: Adriana Gaido, Amalia Romia Roledo, Andrés Herrera, Ana Cristina Pimentel, Antonio Dalmasso, Bárbara Manasse, Basilio Alejandro Donscheff, Beatriz Alejandrina Enriquez, Beatriz Benedetti, Bronzatti Jimena, Camila Ossorio Domecq, Carlos Jaime Hartwig, Carlos Roberto Zurita, Carlos Vega, Carolina Benítez, Carolina Kaufmann, Clara Tagliafico, Clider Gabriela Molina, Cristian Espinoza, Cristina Choque, Débora Constanza Jerez, Elba DAloia, Elizabeth Delia Espinoza, Elizabeth Vacis, Emilio Mareco Vargas, Elsa Elena Bechert, Elvio Toscano, Eva Noemí Lencina, Farfán Carmen, Félix Cornejo, Filipponi Patricia, Florencia Buonamico, Florencia Maria de Lezica, Galeano Máximo Angel, Galeano Máximo Angel, Gisele Nadia Chavarria, Gustavo Dellepiane, Gabriela Cau, Guanes Marina Adriana, Hugo Ruiz, Humberto Ismael Decima, Jacqueline Pasquin Rodríguez, Jorge Anselmo Flores, José Luis Blanco, Leda Dubra, Liliana Beli, MARGARITA GRACIELA YLLES, Marta Elena Rojas, Marta Inés Salinas, Martha Ibarra, María Cecilia M. Carauni, María Cristina Lattanzio, María Cristina Lattanzio , María Cristina Lattanzio, María Cristina Lattanzio, María Deolinda Baleix, María Ester Laime, María Isabel Charles Mengeon, Mariana Soledad Silva, Mariano Pablo Ryba, Marcela Alejandra Fonseca, Matías Paglialunga, Matías Paglialunga, Mirta Peralta, Micaela Bracci, Miguel Edgardo Vicente Trotta , Nestor Javier Yaletti, Nestor Romo, Nestor Romo, Nora Borella, Olga Nieva, Palmira Garda, Paola Sánchez Ibarra, Patricia Alexandra Rivas, Paulina Sierra, Peña Mariela, Perla Florentin, Ramón Eugenio Benítez, Roberto Moyano, Rosanna Stella Alejandra Colaneri, Rosana Guilledo, Rosana Guilledo, Sandra Amarilla Ruiz, Sergio Cortez, Shirli Anabela Galibert, Silvia, Silva Mariana Soledad, Silvia Grimovitch, Silvia Lentine, Silvia Moscovicz, Tania Graemiger, Teudoro Ayala y Víctor Fernández.  


Coordinadoras: Dras. Marcela Augusto y Eleonor González

Coordinador General Pablo Sercovich (Secretario General de la Multisectorial Federal de la República Argentina).


Ejes de Gestión para una Justicia Participativa e Inclusiva


Defensa propia para garantizar el sistema democrático frente a la estafa
electoral


El neoliberalismo destruye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, erosionando desconfianza en el sistema democrático. Socava la cohesión social o los modelos sociales de los Estados, de las comunidades políticas (como la UE) o de las organizaciones internacionales (la OTAN, por ejemplo). Torna frágil el sistema de gobierno y anula la defensa de sus víctimas. Convence de la decadencia del sistema.

Plataformas y redes sociales


Debemos tener en cuenta los ocho espacios de control soberano, ellos son: el Pensamiento Nacional, la Ciencia y Tecnología, la Economía, Producción e Industria, los Idiomas, el Espacio terrestre, el aéreo y el fluvial y marítimo así como el Ciberespacio. La guerra cognitiva es un tipo de enfrentamiento orientado a manipular el pensamiento, la conducta, las percepciones y los posicionamientos del enemigo. Para llevar a cabo dicha tarea, busca conocer a quienes pretende someter, debilitar, cambiar o destruir la forma en que construyen su propia realidad, su autoconfianza mental y los enfoques que tienen para interactuar en su realidad nacional. Por ello instauran el ciberpatrullaje. Y asimismo, las causas judiciales armadas de acuerdo a las conveniencias… Así, realizan campañas de desprestigio de las dirigencias sindicales, de los gremios de Educación, Camioneros, ATE, Pilotos y demás gremios aeronáuticos, amenazando con entregar Aerolíneas Argentinas a otras empresas Latinoamericanas, contrariando lo poco que queda vigente de la
legislación aeronáutica.

“Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán
inteligentes. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse. (<<Fahrenheit 451>>, de Ray Bradbury (1953)).

Cambio De Constitución y Estado Participativo

El actual sistema representativo y el sistema de los tres poderes como contralor entre sí presenta dificultades ante los arreglos espurios que no respetan la Constitución ni los derechos humanos reconocidos en ella, ni las plataformas ni las promesas electorales son honradas al momento de acceder a los poderes Ejecutivo y Legislativo. La estafa refiere a cómo se ha desvirtuado la esencia de la representación popular, transformando a las instituciones en espacios capturados por intereses económicos, corporativos y/o personales alejados de la realidad del pueblo. Esto ha generado un sistema en el cual la ciudadanía carece de acceso efectivo a sus derechos y se encuentra despojada de su soberanía. Ante este escenario, es necesario hablar de una defensa propia democrática, que impulse un cambio estructural profundo para restituir el poder al pueblo y garantizar una justicia social real. Esto significa transformar la DEMOCRACIA de representativa en PARTICIPATIVA.

Declaración de Nulidad Absoluta e Insanable

Pero nada de esto lo podremos lograr sin exigir la intervención del Congreso Nacional en lo que le compete declarando nulos de nulidad absoluta e insanable a los DNUs 70/17 (Macri) y 70/23 y el Protocolo de la Ministra Patricia Bullrich. Y pedir a la Justicia que declare inconstitucional la LEY BASES, el VETO de MILEI a la MOVILIDAD JUBILATORIA incluyendo el posible casi seguro veto al FINANCIAMIENTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO, si no lo hace el Congreso en el último caso.


También declarar nulo de nulidad absoluta e insanable el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Blanqueo, Reforma Laboral, dejar sin efecto la Ley de Tierras, Desregulación. Este gobierno, en forma coordinada con los medios hegemónicos realizan campañas de hostigamiento hacia los trabajadores y líderes sindicales que luchan por sus derechos, algo tan básico como reclamar por salarios dignos, toda vez que la mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Tarifaria y de transporte:

Anular la privatización de empresas públicas, el desmantelamiento del reactor Carem y de los proyectos satelitales y dejar sin efecto la legislación dictada y los actos otorgados en su consecuencia, retrotrayendo sus efectos al día previo a su dictado. Fomentar la obra pública.


PROPUESTAS CLAVE


1.- Cambio a Constitucional Participativa: La actual Constitución y sus reformas sucesivas han quedado como letra muerta frente a un sistema de poder que beneficia sólo a las élites económicas y políticas, que constituyen el poder real no sólo local sino transnacional. Promover que todas las cláusulas de la nueva constitución sean operativas y nunca más programáticas. El objetivo será avanzar hacia una nueva Constitución Social, basada en los principios de la Constitución del ’49, que ponga en el centro a los bienes comunes y garantice al Pueblo el pleno acceso a derechos
fundamentales como la justicia, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, Seguridad Social y Esparcimiento.
Este cambio buscará incorporar mecanismos como la revocatoria de mandato, la elección democrática de los jueces y fiscales y la creación de un sistema de juicios populares, que democratice el acceso a la justicia y ponga el poder real en manos del pueblo.

2.- ¿Es hora de cambiar el sistema presidencialista? El sistema presidencialista y de democracia directa o indirecta han demostrado ser ineficaces para representar los intereses del pueblo. El actual sistema presidencialista, ante el desgaste de la figura presidencial, hace que ello produzca una crisis de representación que pone en jaque a todo el sistema democrático, y que puede evitarse mediante la utilización de otros sistemas.


Las corporaciones transnacionales y el capitalismo deshumanizado han cooptado las instituciones, transformando la República en una entidad comprada y gestionada en función de intereses económicos globales.

Se impulsarán políticas que promuevan una verdadera democracia participativa, con mecanismos de control ciudadano sobre los poderes del Estado y herramientas para fiscalizar el poder real detrás de las decisiones políticas.

3.- Defensa de los Derechos Humanos: El enfoque de derechos humanos será transversal a todas las políticas, garantizando la libre expresión, la protección contra la persecución política y social, y el respeto pleno a los trabajadores, los desocupados, derechos de género y diversidades, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. No a la baja de la edad de imputabilidad.

La defensa de estos derechos se basará en los tratados internacionales, que el Estado argentino ha ratificado, reforzando su carácter de Estado garante de derechos y promoviendo una justicia inclusiva y equitativa.

4) Ingreso Universal Permanente y Bienes Comunes: El derecho a una vida digna no puede estar condicionado por las dinámicas del sistema de acumulación capitalista.

Se promoverá el ingreso universal como una herramienta de justicia social, garantizando que toda la ciudadanía tenga acceso a los recursos mínimos para una vida digna. Además, se reforzará el concepto de bienes comunes como un derecho colectivo, donde los recursos naturales y sociales estén al servicio de la comunidad organizada quedando terminantemente prohibida la injerencia y o su apropiación por parte de las corporaciones y/o personas físicas de cualquier origen.

5) Inteligencia Artificial y Democracia: La creciente influencia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en los sistemas de poder y control requiere una regulación acorde con los principios democráticos y de derechos humanos.

Debemos advertir y combatir los embates del mal uso de la I.A. como el Ciberpatrullaje violatorios de los DDHH en la
vida real de los ciudadanos.

La tecnología debe ser una herramienta para la liberación y no para la persecución y el control social. Se trabajará para garantizar que el uso de estas tecnologías sea transparente y al servicio del bien común, donde la ciudadanía no quede aún más marginada de los procesos de toma de decisiones.


La gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos buscará reconstruir un Sistema de Justicia basado en la Igualdad, la Participación y la Soberanía Popular, donde el Estado sea el verdadero garante de los derechos de toda su población.

Justicia y DDHH en defensa propia: La estafa democrática.

Conceptos Clave: Letra muerta. Nueva Constitución Participativa. Negacionismo. Bienes Comunes. Sistema presidencialista y Democracia Indirecta. República comprada por las corporaciones económicas transnacionales. Democracia de baja intensidad. DNU 70/23. Ley Bases. Inteligencia Artificial. Poder real. Revocatoria de mandato. Constitución Social. Capitalismo deshumanizado. Sistema de acumulación. Esta democracia no funciona. Pueblo din derechos ni acceso. Academia escindida de la realidad popular. Población expulsada. Legisladores vendidos al mejor postor. Tratados Internacionales. Comunidad organizada. Ingreso universal. Constitución ´49. Elección de jueces y jurados. Juicios populares. Derecho de género y diversidades. persecución. Libre expresión. Estado garante de derechos.

LA NORMA MERAMENTE ESCRITA SÓLO ES UN CATÁLOGO

Corrección y edición por Camila Ossorio Domecq

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