Cobertura por Argentina en Red
Desde la mesa de Educación de la Multisectorial Federal de la República Argentina repudiamos las acciones del gobierno nacional, en contra de la educación, publica, tecnológica, gratuita y de calidad que representa nuestro sistema educativo en su conjunto.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2024
Los recientes eventos de ocupación en las universidades del país, desencadenados por el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, ha generado una ola de protestas en las altas casas de estudio, se extendió a ocho facultades de la UBA y a más de 40 universidades ubicadas en las provincias. Estudiantes y docentes han decidido tomar edificios como una respuesta unificada a lo que consideran un ataque directo a la educación pública.
Créditos: www.unsj.edu.ar/
Esta movilización se ha llevado a cabo en un contexto de creciente descontento con las decisiones del gobierno nacional, especialmente bajo la figura del presidente Milei. Los Interclaustros de las universidades, convocados de manera multitudinaria, han acordado estas acciones directas como forma de resistencia y reivindicación de sus derechos. El veto ha provocado un debate intenso sobre el futuro de la educación en el país, y las protestas buscan visibilizar la importancia de un financiamiento adecuado y sostenible. La comunidad educativa se siente amenazada por políticas que perciben como un intento de recortar recursos y limitar el acceso de todos los argentinos sin distinción, a la educación superior. Estas acciones reflejan una preocupación colectiva por el futuro del sistema educativo y la necesidad de defenderlo frente a decisiones unilaterales que afectan a miles de estudiantes. La situación continúa desarrollándose, y es probable que se produzcan más movilizaciones y actividades en defensa de la educación pública en los próximos días.
Las tensiones en la Universidad Nacional de Tucumán han alcanzado un punto crítico, evidenciando un choque entre las autoridades policiales provinciales y la comunidad universitaria. El 15 de octubre, la intervención de la policía provincial al retirar material de protesta de la facultad de Filosofía y Letras marcó un momento alarmante, que se intensificó al día siguiente con el desalojo de una clase pública sin orden judicial previa.
Estas acciones han suscitado serias preocupaciones sobre la jurisdicción de la policía, dado que las universidades nacionales están bajo la jurisdicción federal, lo que añade una capa de complejidad legal a la situación. La comunidad educativa ha expresado su inquietud por lo que consideran posibles violaciones de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional Argentina y en diversos tratados internacionales, incluyendo la libertad de expresión, pensamiento, reunión y asociación.
El ambiente se ha vuelto tenso, y la comunidad universitaria, junto con la sociedad tucumana en general, teme que estas medidas represivas puedan ser vistas como un intento de criminalizar la protesta y deslegitimar la lucha por el derecho a la educación. La preocupación radica en que estas acciones no sólo afectan el clima de libertad académica, sino que también podrían sentar un precedente peligroso para el ejercicio de derechos civiles en todo el país.
En este contexto, se espera una respuesta firme y unificada por parte de la comunidad universitaria tucumana, así como un llamado a la defensa de la autonomía institucional y de los derechos fundamentales que garantizan un espacio seguro para la libre expresión y la movilización social. La situación sigue siendo monitoreada de cerca, y las próximas acciones por parte de estudiantes y docentes serán cruciales para determinar el rumbo de estas tensiones.
En Villa Mercedes, San Luis, los acontecimientos en torno a la toma de las Facultades del Centro Universitario Villa Mercedes, que dependen de la Universidad Nacional de San Luis (FICA-FCEJS), han generado un clima de tensión significativo. El 14 de octubre, en asamblea interclaustro, se decidió llevar a cabo la toma de manera pacífica y se notificó a las autoridades, estableciendo que esta medida se mantendría hasta el 16 de octubre a las 20 horas.
Sin embargo, el día de hoy, un funcionario de la UNSL, el subsecretario de Bienestar Estudiantil intentó irrumpir en la toma de manera violenta, desconociendo los espacios democráticos acordados. Este hecho provocó un fuerte rechazo por parte de los docentes, no docentes y estudiantes presentes, quienes defendían el ejercicio de su derecho a la protesta. La asamblea interclaustro convocó a una nueva reunión para el día de ayer, 16 de octubre, a las 18 horas, pero antes de esta, un grupo de manifestantes afines al gobierno Libertario Nacional, intentó quebrantar la decisión colectiva e ingresar al campus universitario de forma intempestiva. Esto llevó al Interclaustro a emitir un comunicado denunciando la violencia ejercida por este grupo, liderado por el Ingeniero Matías Funes y la agrupación Franja Morada.
En el documento, se repudia la agresión y se responsabiliza directamente al subsecretario por los actos de violencia que resultaron en agresiones físicas a los participantes de la toma. El comunicado expresa la grave preocupación de la comunidad universitaria ante la falta de respeto por los espacios de diálogo y la decisión mayoritaria, así como el riesgo que implican estas acciones para el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La situación se encuentra, también, bajo monitoreo constante, y se espera que la respuesta de la comunidad educativa villamercedina sea contundente en defensa de las autonomías institucionales y el derecho a la movilización.
En este marco, la discusión también se planteó en las comisiones de la Cámara de Diputados; cuando Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, le respondió al diputado José Luis Espert en relación con la intervención de la policía en las universidades. Marino instó a Espert a dejar de ignorar la Constitución, enfocándose en el artículo 75, inciso 19, que establece la autonomía universitaria. Además, señaló que el artículo 31 de la Ley de Educación Superior (LES) debe interpretarse de manera restrictiva y no puede violar derechos, libertades y principios consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Marino enfatizó que la propia LES reconoce que la organización estudiantil es fundamental para la autonomía universitaria. Por lo tanto, instar a que la policía desaloje las tomas es promover un acto inconstitucional e ilegal. Con esta postura, defendió la importancia de respetar la autonomía de las instituciones educativas y los derechos de los estudiantes a organizarse y protestar de manera pacífica.
Desde la mesa de Educación de la Multisectorial Federal de la República Argentina repudiamos las acciones del gobierno nacional, que va en contra de la educación, publica, tecnológica, gratuita y de calidad que representa nuestro sistema educativo en su conjunto.
La violencia surge de la incapacidad de diálogo de este gobierno nacional y sus adherentes los cuales no fomentan la comunicación entre las partes. Otro factor importante en el actual contexto violento es el actual contexto social y económico de descontento que genera sin lugar a dudas, problemáticas sociales más amplias, como la desigualdad, la falta de recursos, o la insatisfacción con la calidad de vida. Abordar estas cuestiones estructurales es de vital importancia para el gobierno nacional quien debe dar respuestas inmediatas al sufrimiento del pueblo provocado por el modelo del equilibrio fiscal.
Podemos concluir que las instituciones de Educación Universitaria y Superior son espacios de formación y, a menudo, de activismo. Es esencial reconocer el derecho de los estudiantes a manifestarse, aunque se deba encontrar un equilibrio con su seguridad, especialmente en el contexto de tomas y protestas en las universidades; la autonomía de las instituciones educativas superiores y universitarias, es un pilar fundamental de la educación. Respetar este principio es crucial para garantizar un espacio donde se fomente el diálogo, la crítica y la libre expresión. Implementar observatorios que monitoreen y analicen los hechos de violencia en el ámbito de todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional, es crucial para evitar el avance de la violencia en todas sus formas.
Coordinación Nacional Mesa de Educación: Alberto Jesús García- Marcela Fonseca
Coordinador General Pablo Sercovich (Secretario General de la Multisectorial Federal de la República Argentina).
“Nuestra tarea es movilizar para la acción”
“En unidad somos y podemos”
Edición por Camila Ossorio Domecq
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