Pedro Biscay, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo – CEPPAS
Se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida y el balance sobre los flujos de riqueza, el mundo del trabajo y los ingresos de la población, serán analizados a partir de las 16:00 hs en un panel integrado por el ex director del Banco Central Pedro Biscay (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, CEPPAS), la economista Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina, CEPA) el economista Julián Denaro ( Investigador SIGEVA Conicet), el economista Guillermo Robledo (Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe), la economista Ana Rameri ( Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas IPYPP) y la economista, investigadora y docente UNLAM Clara Razu.
Desde las 18:00 hs, expondrán, junto al presidente de Argentina en Red Pablo Sercovich, los principales referentes de los espacios que acompañan la iniciativa por un Ingreso Universal en Argentina, entre quienes ya confirmaron su presencia el ex Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el presidente de Unidad Popular Claudio Lozano , el Secretario Gral. del MST Alejandro Bodart, el Secretario Gral del Partido Socialista Autentico Mario Mazzitelli y el ex Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires y dirigente de Soberanxs Gabriel Mariotto, entre otros.
Cargado de expectativas por tratarse de un año electoral y atentos al lanzamiento de una campaña de recogida de adhesiones a la iniciativa por parte de La Multisectorial, se hace con este II Encuentro un nuevo aporte para la comprensión del escenario que tenemos delante e impacta directamente sobre la sostenibilidad de nuestra democracia, oponiendo al odio y el ajuste, un shock distributivo que reactive el mercado interno, generando empleos con derechos .
Introducción al Panel por Pedro Biscay
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo – CEPPAS
La estructura básica de la sociedad argentina, es decir el acceso a sistemas de atención de derechos y necesidades básicas (salud, educación, justicia) sumado a la capacidad de generar un ingreso decente para el conjunto de la población y la reducción de inequidades como valor prioritario de organización social, se encuentra en franca crisis. Los sistemas mencionados no son suficientes para garantizar adecuadamente la atención de derechos fundamentales (aun cuando todavía quedan instituciones y recursos que permiten cierta duración en el tiempo, la atención y, sobre todo su calidad, tiende a disminuir); el ingreso vinculado a actividades económicas ha sufridos un deterioro progresivo -con picos, alzas y bajas- durante los últimos 20 años y nadie puede ocultar un hecho de toda evidencia: a marzo 2023 el SMVM equivale a $69.500[1] mientras que, según el Indec, el valor de una Canasta Básica Total tipo 2 es de $177.063, es decir que no alcanza para cubrir la sumatoria de necesidades alimentarias y no alimentarias del segmento de menores ingresos.
Actualmente, vivimos en una sociedad cada vez más fragmentada y plagada de inequidades estructurantes.
Una sociedad con 28% de los hogares (2.7 millones) en situación de pobreza, 6.8% de hogares (660 mil hogares) en situación de indigencia, y 36.5% de la población (10.6 millones de personas) en situación de pobreza y 8.8% en situación de indigencia (2.6 millones), tal como arroja el INDEC[2]. Es decir, una sociedad desigual e injusta. No puede haber orden en este esquema. Más allá del número técnico, lo cierto es que casi la mitad de la población es pobre y a la vez, que la mitad de la economía opera en condiciones de informalidad. Esta simetría provoca efectos distorsivos en toda la estructura social argentina. ¿Cómo pensar en este escenario en torno a cuestiones tan complejas como el ingreso universal, la dinámica de los flujos de riqueza y las proyecciones futuras del mundo del trabajo y por ende la generación genuina de ingresos en la población? Un punto de vista posible sería estudiar qué se ha hecho en otros países o regiones, cuánto se invierte, qué problemas y desafíos se enfrentan al momento de diseñar iniciativas de este tipo, etc. Este es un punto de vista común a economistas y cientistas políticos que podría traer aparejado ciertos riesgos tales como desacoplar por ejemplo una propuesta de ingreso universal del resto de los problemas agudos que condicionan la capacidad de la política pública de producir respuestas consistentes, eficaces y duraderas en el tiempo.
Mi idea es partir desde otro enfoque: creo importante presentar así un breve diagnóstico de cómo vemos en el CEPPAS la conformación de la economía argentina, que como sabemos es un epicentro complejo de poder, sobre el que una y otra vez, se intenta hacer pie con miras a ordenar políticas públicas, sin que ello conduzca a resultados positivos en el mediano y largo plazo.
2. ¿Qué visiones priman sobre la economía?
Una primera visión que prima en la discusión sobre economía es la idea de que el país atraviesa, por múltiples motivos, una crisis de fiscalidad. Se trata de una mirada asociada al gasto público como vector de sucesivos desequilibrios a nivel macroeconómico. El hito más importante de este punto de vista es la tesis de que la inflación está asociada directamente con la emisión monetaria. Vimos en repetidas oportunidades este argumento, que luego de un tiempo conduce a otro aspecto, de relevancia: la deuda externa es el resultado del descontrol de las cuentas públicas. Existe una visión antagónica que plantea que la economía argentina es el resultado de pujas distributivas, donde capital y trabajo tensionan el ingreso y el reparto de la riqueza. En esa puja siempre gana el capital mediante procesos devaluatorios y el efecto de la inflación sobre los ingresos. Asociada a esta visión, la idea de conducir la demanda agregada, fortalecer el estado y dar rienda al gasto, es un camino posible para “poner en su lugar” la escalera que nos permitiría alcanzar el desarrollo[3].
Un problema clave asociado con esta idea es la denominada tesis de la restricción externa que sostiene que a medida que emprendemos un camino industrializador, los dólares se achican porque lo que se paga de importaciones es mayor a lo que se cobra de exportaciones. Eso plantea desequilibrios que conducen a crisis recurrentes sobre la tasa de cambio y por ese canal la reducción de ingresos vía devaluación e inflación. La política pública en materia económica pendula entre estas dos visiones. A cada cual su tiempo, a cada cual su fracaso. Eso muestran los números.
3. Las cuatro economías.
A diferencia de estas dos miradas, la visión de CEPPAS afirma que hay que pensar en cuatro economías funcionando al mismo tiempo. Cuatro economías que en los hechos interactúan entre sí a través de diversos canales de transmisión, sin que el análisis de la llamada “política económica” se ocupe de todas ellas a la vez, y de sus interacciones en particular.
Estas cuatro economías, interseccionan en el campo de la economía, noción tomada de los trabajos de Pierre Bourdieu sobre la sociología del campo, el campo de poder y, en particular la posición y disposición de capitales en torno a aquel[4] . La falta de una mirada de conjunto acerca de cómo estas cuatro economías -que pasaré a presentar a continuación- interactúan, produce un déficit de comprensión y efectividad en el ámbito de la política pública, puesto que dificulta elaborar un modelo de fijación de prioridades que asigne recursos de modo preciso al tiempo que opere en miras a contener las distorsiones que cada una de ellas produce sobre las demás.
La “política económica” alumbra solo una de ellas, la más evidente, es decir la llamada “economía de mercado”, aunque en realidad esto no dice mucho puesto que toda economía se define como tal en la medida que establece reglas de asignación[5] de recursos en un ámbito de interacción, que por convención supone -al menos en principio- la configuración de un mercado. Planteado en esos términos, esta primera denominación no designa exactamente sus atributos distintivos. A efecto de hacerlo, es preciso decir que se trata entonces de una economía basada en un modelo de mercado eficiente, en permanente equilibrio, competitivo y maximizador. Es eficiente en tanto la actividad que cada unidad productiva lleva adelante tiene presente una función de costos medios a efectos de optimizar el uso de recursos empleados. A la vez dispone de sus recursos de tal modo de mantenerse en nivel de competencia y procurando obtener una ganancia que maximice el rendimiento esperado sobre los bienes y recursos insumidos en la elaboración de productos. El sistema de precios de esta economía supone siempre que los bienes se transan al valor de equilibrio. En esta primera economía están las empresas (desde medianas en adelante), los bancos, las exportadoras e importadoras, es decir una parte significativa de las unidades económicas integradas en la medición del producto bruto nacional de un país. Por otro lado, también conforma un rasgo característico de esta primer economía, el conjunto de relaciones con mercados internacionales, que plantea distintos desafíos ligados a la competitividad de productos, el manejo del balance de pagos, las reglas internacionales de tributación, las cadenas de valor global, y sobre todo, las relaciones de tipo de cambio entre la moneda nacional y las divisas externas. Sobre este primer nivel opera la política económica definiendo aspectos claves como regulaciones ligadas al comercio exterior, pautas de precios, referencias de costo de financiamiento, políticas de crédito, etc. Veamos las otras tres economías. Junto a esta primera economía, convive la denominada “economía estatal” que reconoce diferentes niveles. De un lado, la economía de empresas públicas que está menos orientada a la creación de ganancias y más a la búsqueda de un fin superior, ligado -en general- a la promoción de objetivos estratégicos. Por ejemplo, el control sobre el espacio aéreo, las vías navegables, etc. Este segmento mantuvo una posición destacada durante muchos años, aunque hoy día el peso de la visión de mercado, ha conducido a restarle importancia. Sin embargo, existen innumerables ejemplos de empresas en manos del estado incluso en los países más avanzados (por ejemplo en los Estados Unidos se puede mencionar a Amtrak que tiene el manejo de la red de ferrocarriles, Bank of North Dakota o la Federal Home Loan System). En el caso de estas empresas, el peso de la función de costos se relativiza frente a la operatividad de algún sistema de subsidios. Esto plantea por un lado mayores esfuerzos desde el punto de vista fiscal y, al mismo tiempo, expone riesgos de corrupción y prebendas en el manejo del mismo. Cuando decimos que la finalidad de esta economía es menos la maximización de ganancia y más el alcance de objetivos estratégicos, nos referimos a que es una economía basada en algún tipo de combinación entre creación de valor económico y valor social o institucional. A nivel de política pública existe algún rasgo de acción ligado a este ámbito, aunque no es relevante en el conjunto de las decisiones que se adoptan. Además, se trata de un modelo de empresas que en nuestro país está bajo permanente impugnación, a pesar de su importancia estratégica. Otro de los fines asociados a este tipo de empresas es el de cubrir servicios básicos y a la vez establecer señales de precios para el resto de las empresas que en la primera dimensión económica compiten entre sí.
Una tercera economía es aquella en donde convergen todo tipo de actividades informales, excepto un segmento que incluiremos para analizar en el cuarto modelo. Con la intención de delimitar qué tipo de actividades tienen lugar allí, vamos a delimitarla definiéndose como “economía clandestina”, es decir un tipo de actividad susceptible de generar ganancias ligadas a la comisión de infracciones y delitos. Allí está presente la forma empresa criminal, es decir asociaciones ligadas a un objeto delictivo con capacidad de generar un flujo de fondos con tasas de rendimientos superiores a la media del mercado competitivo. La ganancia aquí es rápida y los flujos de capital circulan en base a cierto tipo de reglas que se estudian en el ámbito del análisis criminal ligado a delitos económicos. El problema de la empresa criminal debería ser de primera importancia para los hacedores de política pública, puesto que una de las notas distintivas de este fenómeno reside en asentarse sobre la base de la cooptación de áreas claves del Estado, especialmente los segmentos de compras públicas y el manejo de organismo de regulación y control.
Algunas economías logran lidiar de manera exitosa frente al avance del poder que la economía clandestina despliega sobre el Estado, mientras que otras quedan doblegadas por aquella. Cuando esto último sucede, un aspecto clave de la soberanía estatal se pierde en manos de mafias, que históricamente han ido refinando sus reglas de vinculación con lo público, combinando reglas de violencia, silencio y ejercicio del velado poder.
En nuestro país, no se suele tomar dimensión de la gravedad de este problema, ni desde el punto de vista de la política criminal, ni -menos aún- del vínculo entre aquella y la política económica. La tolerancia que existe sobre la pervivencia de un cuasi sistema financiero que opera en las sombras, totalmente “autóctono” es una prueba clara de ello. Si tuviéramos que delimitar los atributos de este modelo económico, deberíamos decir que funciona a modo de empresa, generar rentabilidades mayores a las del mercado competitivo, y supone un estudio de costos donde el pago de sobornos se computa como uno de los principales costos operativos. Por último, si bien la economía clandestina tiene un pico máximo de expresión en el crimen organizado, también identifica un suelo común de funcionamiento dado por el conjunto de actividades comerciales que evaden el pago de tributos y la elusión de cargas sociales o, directamente la contratación en negro. Por ejemplo, la práctica extendida de ahorrar el IVA y ahorrar la factura en las operaciones finales.
El cuarto tipo es la economía social. Este ámbito económico abre también todo un campo de actividades que comprende desde el trabajo invisibilizado de mujeres (tareas de cuidado), pasando por la actividad de feriantes, artesanos, el voluntariado y hasta las diferentes expresiones de la llamada economía popular, donde los movimientos sociales cumplen un rol relevante. El conjunto de estas actividades no se organiza en función de un principio de maximización de ganancias, como tampoco necesariamente a partir de una regla de subsistencia. Es decir que expresan formas económicas no asociadas al concepto clásico de ganancia, ni son el emergente directo de una lógica simplemente asistencial. Dadas estas dos características excluyentes, es preciso decir que, en esta dimensión, las relaciones económicas también se organizan en torno a un principio de asignación, pero sostenida en un fuerte ideario de solidaridad, tal como explicita Coraggio en innumerables trabajos sobre el tema[6] . Entonces, la diferencia es que, en este ámbito, la asignación está ligada al cumplimiento de dos tipos de necesidades, de un lado puramente reproductivas (en el sentido marxista de reproducción de la fuerza de trabajo) y, del otro, la creación de formas o experiencias comunitarias de habitar el mundo sostenidas en metas de inclusión. En el corazón del pensamiento de los socialistas utópicos, esta idea ya estaba presente, así Robert Owen era de la idea de que el capital debía generar recompensas limitadas a un “ingreso razonable” y “el sobrante de las ganancias acumularse, no sólo para proporcionar más instrumentos de producción, sino también para gastarlo en fomentar el bienestar de los trabajadores empleados”[7]. Es una idea no tan extraña a nuestra estructura jurídica, si se piensa por ejemplo que la Ley de Sociedades Comerciales, incorpora como principio de distribución de utilidad la regla de reserva legal para hacer frente a las pérdidas de los socios y realizar las inversiones necesarias al cumplimiento del fin social de la empresa. Pero sigamos diseccionando la economía social. Tal como estudió Coraggio (a quién seguimos en este tema), la unidad económica distintiva es la unidad doméstica, aunque ésta puede extenderse a formas cooperativas o mutualistas de organización de la producción y el trabajo. La finalidad de estas unidades es generar trabajo y crear redes o articulaciones orgánicas entre unidades complementarias, siempre con la finalidad doble de favorecer el intercambio de productos y crear instituciones de anclaje territorial. Gran parte de la economía social está adherida a relaciones de informalidad con lo cual encuentra puntos de contacto con los extremos “inferiores” de la economía clandestina. La falta de registro fiscal de actividades es un problema común que sedimenta en ambos sectores de la economía e, incluso -en muchas ocasiones- ambos pueden erróneamente confundirse. De allí que sea preciso efectuar un trabajo activo de política pública orientado a separar aquellas actividades que son informales en virtud de un cálculo fiscal (cuánto se desea evadir/pagar de impuestos) de aquellas otras, que tienen lugar en la informalidad pero como resultado del tipo de práctica social, sea porque se liga directamente a actividades de precariedad, sea porque se asocia con productores artesanales cuyos productos aún no han tomado contacto con algún mercado competitivo, o sea por una simple decisión ligada a no escalar el producto o servicio, es decir mantenerlo dentro de un ámbito territorial de estrecha cercanía sobre el que no existe aún alguna herramienta de tributación susceptible de ser impuesta. Siguiendo sobre este punto, la distinción entre economía clandestina y economía social es clave puesto que ambos segmentos representan valoraciones y disposiciones distintas hacia la realización de la ganancia. Sin embargo, no es ocioso continuar tallando dicha separación puesto que al operar ambas en la informalidad, pueden darse casos de composición. El caso más clásico es el “rebusque” de quienes reciben una asignación social. Ese rebusque puede ser, a veces legal, a veces ilegal. Entonces el estudio de estos fenómenos resulta importante para establecer reglas institucionales que permitan separar dimensiones y ofrecer a cada una de ellas respuestas distintas, pero sobre todo destinadas a evitar el carácter parasitario de la economía clandestina.
4. La dimensión financiera.
Quisiera detenerme un momento en este aspecto. La dimensión financiera refiere a distinto tipo de procesos ligados con cuestiones que van desde la inserción de la economía de mercado en el sistema de pagos internacionales, como así también aspectos ligados al endeudamiento privado en mercados de bonos y el rol cada vez más autónomo de bancos y fondos de inversión en el manejo de los flujos de capital.
Parte de la literatura sobre la materia ha puesto atención sobre la conexión del sistema financiero internacional con los flujos financieros ilícitos (tal como muestran los informes de la Global Financial Integrity), aspecto sobre el que se está avanzando activamente en una agenda orientada a reducir la opacidad financiera, el uso de vehículos societarios off shore y otros instrumentos corporativos destinados al lavado de dinero.
Sin embargo, donde no se han efectuado reflexiones suficientes es en el campo de la organización monetaria. Más allá de la discusión sobre arquitectura financiera internacional vigente, aún resta establecer un estudio profundo sobre el pluralismo monetario, sobre el que la sociología/antropología (entre ellos Bruno Theret y Vivian Zelizter), se ha ocupado, aunque sin una aceptación definitiva por parte del corpus de las finanzas. Bajo esta perspectiva que parte del reconocimiento de que la moneda es un hecho social en sí mismo, es factible explorar el uso de monedas alternativas ligadas a prácticas de la economía social, usos que podría significar construir sistemas de pagos alternativos basados, por ejemplo, en valorizar prácticas de trabajo ligadas a la recolección de materiales plásticos en zonas costeras u otras iniciativas organizadas comunitariamente. Incluso se podrían pensar usos monetarios exclusivamente transaccionales, es decir basados en unidad de cuenta y de cambio, más no de ahorro. Todas estas alternativas recogen en la práctica algún grado de desarrollo. La dimensión financiera también supone un replanteo del problema de las deudas domésticas que se generan cuando las unidades familiares se ven forzadas a migrar desde el sistema financiero formal al mundo de las financieras barriales que operan sin autorización. Aquí la clave del proceso es forzar una política pública activa de desendeudamiento de las familias mediante acuerdos de reducción de deudas con acreedores espurios o en virtud del carácter asfixiante que aquellas puedan tener. Hacerlo es un paso necesario para estabilizar la condición financiera de las familias y promover un nuevo punto de partida a sus proyectos productivos.
5. Modelos de respuestas.
La combinación de estas cuatro economías requiere de respuestas diferenciadas pero articuladas a la vez. La política económica debe poder captar su totalidad, entender sus particularidades y adoptar decisiones de política destinadas a garantizar determinados objetivos. Lo más evidente es procurar que el crimen no contagie al resto de las economías. Esto es clave porque a excepción del crimen organizado con fines violentos, generalmente, aquel surge como efecto de políticas proteccionistas aplicadas a sectores específicos. Es esencial aislar la economía clandestina si se quiere que la economía social pueda emerger en su plenitud. De modo que las relaciones entre política criminal y política económica deben guardar una sintonía continua. Del otro lado, la economía de mercado debe poder abrir las puertas a la economía social, puesto que entre ambas pueden plantearse conexiones a partir de la escalabilidad de productos, o la simple incorporación de aquellos en la estructura social de la oferta, es decir que la economía social puede anclar un producto en una serie de productos similares pero diferenciados a su vez por prácticas de producción (producción biodinámica), composición nutricional (lácteos industriales y. orgánicos). Entonces economía social y economía de mercado entablan relaciones entre sí y su estudio es un aspecto clave desde el punto de vista de la política económica. Se conoce poco sobre sus mecanismos de transmisión, su incidencia en el producto bruto, etc.
Por otro lado, existe un problema adicional del que ya es difícil escapar. Por sí sola, la economía de mercado resulta incapaz de generar trabajos e ingresos suficientes para todos. Ni los enfoques ortodoxos lograron comprobar la teoría del derrame, ni los heterodoxos alcanzar niveles elevados y sostenidos de pleno empleo. Por el contrario, bajo uno u otro enfoque, lo que se ha consolidado es una precarización del trabajo, mayores niveles de desempleo, inestabilidad salarial y finalmente de exclusión social. La producción alcanza sus límites materiales -entre otros el límite ambiental- e imposibilita generar opciones para incluir a todos. Quienes quedan por fuera del trabajo formal, recaen o en el campo de la informalidad, o desarrollan su propio proyecto en la economía social o se dedican al delito como medio rápido de hacerse de dinero. Visto desde el lado del ingreso, esto último significa que los trabajadores ligados a un empleo público reciben un cash flow estable y actualizable por inflación (paritarias), los trabajadores ligados a empresas también tienen un cash flow ligado a su contrato de prestación de servicios más reglas de retribución anual (bonos, extras, etc). El ingreso de la economía clandestina es no-estacional, es decir que no dependen de factores regulares, sino de la opción que se presente. Ahora, en el caso de la economía social, el cash flow está relacionado directamente con ingresos por la venta local de productos o, en su caso, transferencias monetarias asociadas a subsidios protectorios. De estos cuatro niveles de generación de ingresos, es solo en el primero donde existe una red de protección social ligada al empleo. Dejando de lado aquí la actividad de mercados criminales, en el resto de los casos -informalidad + economía social- las redes de protección son recientemente nuevas, pues comenzaron a gestarse en torno a la crisis del año 2001 con el Programa Plan Jefes y Jefas de Hogar y luego mediante la Asignación Universal por Hijo, Pensión Universal para Adulto Mayor o programas de asistencia tales como el programa Progresar, Empleo o Potenciar Trabajo. La política de IFE nacida en medio de la pandemia permitió visibilizar casi 10 millones de personas que estaban por fuera de toda cobertura, mostrando así las imperfecciones que el sistema de protección social concebido desde aquella época traía de arrastre.
6. ¿Qué significa el ingreso básico universal –IBU-?
Es en el contexto de la constatación de la imposibilidad de producir niveles de pleno empleo sostenido, de inestabilidad laboral sumado al presupuesto básico de que el salario asociado a un trabajo formal permita cubrir el umbral mínimo de pobreza, que la discusión sobre nuevas formas de protección social emerge. El caso del IBU es una de las modalidades que hoy están en discusión a nivel global y debe ser leído como una regla de protección orientada a crear una malla de sostén social frente a la exclusión y la fragmentación social, es decir una pauta básica de cohesión social frente al hecho mismo de que las inequidades del mercado son menos el efecto de “fallas” que de su condición de existencia[8] . Una primera línea demarcatoria consiste en separar el IBU de aquellos programas focalizados o condicionados a una determinada contraprestación. En este punto, la nota distintiva del IBU es la de ser básico e incondicionado; se otorga por el hecho de integrar una determinada sociedad y se otorga de modo individual puesto que cumple una función de ingreso personal de sostén, sobre el que cada quién podría sumar otras fuentes de ingreso adicional. Un segundo elemento es su dación universal, es decir sin segmentación o selección previa. Sin embargo, en los diferentes casos que se estudian como experiencia piloto, siempre hay algún grado de direccionamiento, tal como reflejan los estudios compilados por el Banco Mundial. Un tercer elemento se relaciona con la forma de pago, que debe ser periódica y en efectivo, es decir dando libertad de gasto a quienes reciben la asignación, aunque también existen supuestos basados en la noción de impuesto negativos sobre la renta.
A continuación, se presenta un breve esquema sobre las características distintivas del IBU y la posición que respecto de aquellas han adoptado los principales autores o pensadores que se dedicaron a reflexionar sobre el tema.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/12/pdf/basics.pdf
Fte. IMF
El debate sobre el IBU plantea fuertes críticas asociadas a cuestiones de índole laboral y fiscal. Por el primero lado, se suele afirmar que su implementación traería aparejadas caídas en la tasa de participación de personas en el mercado de trabajo. Se afirma que quienes lo reciben haría las veces de ingreso sustituto, frente al cual perdería importancia la búsqueda de un empleo. Quienes plantean esta crítica pierden de vista que la desocupación está mayormente ligada a barreras de acceso al mercado laboral más que a falta de voluntad o ligazón al trabajo. De hecho, podría afirmarse que todos trabajan, aquellos que poseen un empleo formal, aquellos que están en la informalidad, e incluso quienes dedican su vida en tareas no remuneradas ni reconocidas como tal dentro de los hogares o comunidades. De modo que el IBU podría concebirse en el sentido inverso, es decir como un estímulo al trabajo, es decir un refuerzo que permite recrear las condiciones salariales básicas para cubrir la reproducción diaria de la vida y salir a buscar trabajo.
En la misma línea, también hay quienes afirman que el IBU podría crear un aumento de empleados de bajos salarios, frente a lo cual organizaciones como la OIT advierten en sentido precautorio. Los estudios sistematizados por el Banco Mundial, reúnen evidencia empírica que demuestra que, en principio, el uso de modelos de ingreso básico no crea desafección a buscar trabajo, como sí sucede -por el contrario- con algunos modelos de asistencia sectorizada de ingresos asistenciales.
Otro aspecto clave del problema reside en el financiamiento y sus fuentes. Está claro que en un país como el nuestro, la adopción de un modelo de estas características requería -de mínima- una discusión sobre consistencia fiscal, reorganización del sistema de subsidios vigente y replanteo de la estructura de recaudación impositiva en el nivel federal y provincial. Este es un proceso por demás complejo, puesto que la capacidad de cobrar tributos del país es moderada. Los estudios especializados indican que las fuentes más claras de financiamiento por el lado fiscal podrían basarse en impuestos sobre el patrimonio, la eliminación de deducciones imponibles en este impuesto y/o la creación de impuestos sobre externalidades ambientales, vector que abre un camino de exploración atractivo si se tiene presente el peso del sector energético y agroganadero en el Inventario Nacional de emisión de gases de efecto invernadero (51% energía + 39% agro ganadería). De acuerdo con los estudios del Banco Mundial, se estima que un ingreso equivalente al nivel necesario para cubrir la línea de pobreza aplicado a toda la población equivaldría al 28% del producto bruto global para el caso de países de ingreso medio. Este ratio- elevado, por cierto- equivaldría a 9% sobre el producto bruto global, si se toma como objetivo cubrir la brecha de pobreza.
Nicolás Dinerstein[9], señala que según estimaciones del FMI “…en caso de seleccionarse un beneficio equivalente al 25% de los ingresos medianos, el IBU traería aparejado un costo del 6 al 7% del PIB para economías avanzadas y del 3 al 4% del PIB para economías en desarrollo. Los resultados que se obtienen en materia de desigualdad en el promedio para todos los países, según el FMI, equivalen a una reducción de 5 puntos porcentuales en el índice de GINI…”. Agrega también que, según otro estudio del FMI[10], el reemplazo de la política de subsidios energéticos y el uso de una política de suministro estatal de alimentos (Public Distribution System) en la India, por un IBU arrojaría efecto fiscal neutro. El autor advierte sobre los riesgos que esta postura podría traer aparejado desde el punto de vista del desmantelamiento de derechos sociales básicos.
7. ¿Qué nivel de prioridades asumir?
Como se indicó previamente el objetivo principal de un Ingreso Básico Universal debería estar orientado a actuar como sostén para garantizar las necesidades básicas. Esto permitiría fortalecer a aquellos que están en una posición de desventaja frente al mundo del empleo formal remunerado. Es el caso de quienes están en la informalidad, en el trabajo[11] invisibilizado y en las redes de economía social, especialmente frente a situaciones de urgencia alimentaria o situaciones sociales muy extremas. Sin embargo, la adopción de un sistema de estas características deber atravesar el desafío de dejar atrás la dinámica asistencial del sistema de planes sociales y en esa medida orientar el lazo social hacia nuevas formas de organización ligadas con la comunidad, por ejemplo mediante el incentivo al trabajo voluntario o la creación de proyectos de reorganización social o cultural. Es decir que el uso de una herramienta de este tipo no puede ser visto como una donación de caridad a sectores precarizados, sino como un fuerte estabilizador social que opere como punto de partida para reorganizar prácticas económicas sobre la base de cubrir la reproducción de la vida social como medio para elevar la densidad de la economía popular dentro del entramado social. De allí que el debate financiero sobre cómo cubrir esta cuestión no puede ser visto como un aspecto meramente fiscalista, sino como el eje de una política de mayor relevancia, tal como en el campo opuesto posee el principio de “prestamista de última instancia” frente a una crisis de liquidez con riesgo de desestabilización bancaria. Si en este último ámbito, el racional es que la caída de un banco puede provocar un impacto negativo en la actividad productiva y comercial, respecto de lo primero, es dable afirmar que de no estar cubierta mínimamente el acceso a la alimentación y a una vivienda decente tampoco podría encararse una actividad ligada con el comercio o producción de bienes y servicios, porque se requeriría un esfuerzo social adicional que no todos podrían afrontar con la misma efectividad. Es que, en definitiva, en los dos casos -el de crisis bancaria como el de urgencia social- existe una política de subsidio que tiene una finalidad específica. De allí que el uso de un sistema de ingreso universal individual debiera ser concebido de modo transitorio, dejando lugar a una reconfiguración de la práctica de subsidios sociales en base a la aplicación de fondos con alcances comunitarios más que individuales. Respecto de posibles costos, en el trabajo de Dinerstein se calculó (a valores del año 2017), que cubrir un salario mínimo promedio de aquel año para toda la población de entre 15 y 64 años, acarrearía unos 27 puntos sobre el PBI. Reducida la meta a cubrir una canasta básica alimentaria daría un impacto del 6%. Medido contra subsidios una reorientación de subsidios energéticos equivaldría a un ⅓ de la canasta básica alimentaria. Si se toma como objetivo a los trabajadores de la economía popular registrados en el RENATEP, que según el último censo, arroja un total de 3.5 millones de personas, el proyecto resultaría practicable, impactando en unos 9,14% sobre el presupuesto de 2023 sí se intenta cubrir la CBA. En términos de PBI esta meta implicaría un equivalente a 3,21% del PBI para el corriente año. En el caso de asumir una meta orientada a cubrir la CBT, presupuestariamente implicaría asumir un compromiso cercano al 20% del presupuesto y 7% del PBI. Estos números crecerían significativamente si el objetivo meta fuera cubrir un universo equivalente a la cobertura IFE, es decir 9 millones de personas. En ese caso, el compromiso de cubrir una CBA sería de 23.5% del presupuesto y de 8,25% del PBI. Si bien existen desafíos claros en materia presupuestaria, la centralidad de la discusión no debe estar allí sino en construir una profunda reflexión participativa que permita crear una interfaz entre un modelo de subsidio individual, la transformación de la lógica asistencial en una verdadera práctica económica que refleje los modos de producción, intercambio y consumo de sectores populares, la migración de la política pública desde el ámbito del desarrollo social a la economía social y por último, el relacionamiento entre estas prácticas y el sector de mercados competitivos. En definitiva, dado que toda teoría económica, en su génesis, no es más que una determinada práctica social, de lo que se trata es de reconstruir en su dimensión de teoría económica, las formas de producción e intercambio no asociadas a la lógica de mercados maximizadores de ganancias.
[1] Se tiene presente que a partir del mes de abril de 2023 el SMVM aumentará a $80.342 con ajustes sucesivos en mayo y junio ($84.512 y $87.987, respectivamente), pero también que la medición de inflación al mes de febrero de 2023 arrojó un dato acumulado de 102.5%, con una acumulación desde el mes de Enero del 13.1% y variación mensual del 6.6%, según datos de Datosmacro.com, de lo que desprende que el efecto de la inflación sobre los rubros alimentarios y no alimentarios que componen la canasta básica total evolucionará en sentido negativo para los habitantes.
[2] Indec, Condiciones de Vida, Vol. 6 nro. 12 Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer Semestre de 2022.
[3] En relación al texto clásico de Matías Vernengo “Kicking Away the Ladder Too. Inside Central Banks donde retomando el trabajo clásico de Ha-Joon Chang plantea que los países desarrollados usaron el banco central para financiar el desarrollo económico y luego “patearon la escalera” para que emergentes no puedan seguir ese mismo camino.
[4] Ver entre otras obras de Pierre Bourdieu las siguientes, “Meditaciones Pascalianas”, “El Sentido Práctica” “Las estructuras sociales de la economía”
[5] Sobre el principio de asignación, vale la pena seguir las ideas de Julio H. Olivera en torno a las notas conceptuales sobre derecho económico.
[6] Coraggio José Luis, Economía Social y Economía Popular: Conceptos Básicos. Contribuciones de Consejeres. Serie de Documentos. Nro. 1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/coraggio.pdf
[7] Howard Cole, Historia del Pensamiento Socialista, T.I. pp. 97
[8] Ugo Gentilini y otros Exploring Universal Basic Income. A Guide to Navigate Concepts, Evidence and PracticesWorld Bank Group https://documents1.worldbank.org/curated/en/993911574784667955/pdf/Exploring-Universal-Basic-Income-A-Guide-to-NavigatingConcepts-Evidence-and-Practices.pdf
[9] Dinerstein El ingreso básico universal publicado en Márgenes. Revista de Economía Política http://revistas.ungs.edu.ar/index.php/margenes/article/view/38 10 https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
[10]—
[11] Dinerstein El ingreso básico universal publicado en Márgenes. Revista de Economía Política http://revistas.ungs.edu.ar/index.php/margenes/article/view/38 10 https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
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